Fiscalía de Magallanes abre investigación de oficio por eventuales irregularidades en Enap a partir de informes de comisión de diputados

El 25 de noviembre, la comisión de la Cámara de Diputados que investiga eventuales irregularidades cometidas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en actuaciones administrativas, cumplimiento de dictámenes de la Contraloría General de la República e inversiones efectuadas que afectarían su estado financiero, se constituyó en la Región de Magallanes con el fin de escuchar directamente a sindicatos de trabajadores, subcontratistas y también a la empresa. En esta sesión se conocieron graves denuncias tanto de parte de algunos sindicatos como de subcontratistas que provocaron impactantes consecuencias.

Por estos días, se está en la elaboración del informe de la comisión investigadora, que comenzó su labor el 19 de julio y tenía fecha de término el 13 de diciembre. A su atraso se debe el trabajo acelerado en la redacción del documento final, pues se fijó para el martes 20 de diciembre la votación del texto en la instancia.

La comisión está integrada por los diputados María Candelaria Acevedo (PC), Eric Aedo (DC), Roberto Arroyo (indep. exPDG), Nathalie Castillo (PC), Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Giordano (indep), Christian Matheson (Evópoli), Javiera Morales (CS), Marlene Pérez (indep), Marcia Raphael (RN), Leonidas Romero (indep), Nelson Venegas (PS) y su presidente, Carlos Bianchi (indep. PPD).

Expectativas del trabajo de la comisión

Este último tiene grandes expectativas respecto de que a la instancia que encabeza le vaya mejor que a su predecesora. Claro, porque en el periodo anterior también se creó una comisión investigadora por “las eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por Enap entre 2014 y 2018, y de su efecto en el estado financiero actual de dicha empresa”, que fue presidida por el diputado socialista Jaime Tohá, y de la que muchos parlamentarios de todos los sectores son bastante críticos, porque estiman o que no investigó suficiente o fue “demasiado blanda” en su trabajo como para concluir con un informe que, a grandes rasgos, no encontró irregularidades.

De hecho, Bianchi mismo hace una dura crítica tanto a la instancia en general –pese  a que su hijo, el actual senador Karim Bianchi, también la integró- como a su presidencia, asegurando que la comisión anterior “terminó sin ningún resultado y hubo muchas especulaciones de probables ilícitos que no fueron transparentados, producto de la mala forma en que se llevó la presidencia y la comisión en sí”.

En contraste, según el legislador, en el marco del trabajo de la instancia que actualmente encabeza,  han renunciado tres gerentes, lo que atribuye a un efecto de la investigación que realiza la comisión. Y complementa que con el avance de las investigaciones “(Enap) se ha visto en la obligación de tener que ir sacando a gerentes que eran vitales para transparentar información. Eso ya llama mucho la atención –añade-. Y la pregunta que uno se hace es ¿si esta comisión no hubiese existido, esos gerentes generales nacionales seguirían en Enap?”. Uno de esos gerentes renunciados habría sido, irónicamente, el gerente corporativo de Compliance y Riesgos.

Acusación de “coimas”

Volviendo al 25 de noviembre, a esta cita asistieron invitados representantes de trabajadores, empresas subcontratistas, una exfuncionaria de alto cargo que fue despedida en 2014 por negarse a repetir el discurso oficial de la empresa respecto del resultado de una licitación para contrato de helicópteros y que trascendió a la prensa, según ella misma relató a la comisión-; y representantes de la empresa estatal, con Gloria Maldonado a la cabeza. Durante más de cinco horas fueron desfilando ante los diputados personajes que engrosaron la lista de antecedentes de manejos irregulares o derechamente cuestionables. Incluso se habló de “corrupción”. Cabe mencionar que la Contraloría General de la República siguió la sesión de manera telemática.

En este contexto, una de las declaraciones que generó más consecuencias, aun cuando la comisión no concluye su tarea, fue la del contratista que denunció que para ganar contratos había que pagar “comisiones”, lo que los diputados interpretaron como “coimas”, según las explicaciones de Cristián Vásquez.

En parte de sus declaraciones, el profesional comentó que “en todos los contratos que yo mantuve con Enap, que fueron tres, me echaron porque no reuní las condiciones… que yo tenía que entregar una comisión para poder seguir avanzando … Es un pago honorario, lo que se viene a decir una corrupción (…). Yo no podía hacer el trabajo si no podía pagar una comisión para trabajar tranquilo”.

Presionado por los diputados para que entregara nombres acerca de quiénes le habían exigido esa “comisión” para trabajar y no hiciera acusaciones al voleo, Vásquez fue más específico, asegurando que “esos pagos, en su momento, fueron (solicitados)  por el señor Bernardo Rojas, que es un funcionario”.

Adicionalmente, añadió que Sergio Uribe (otro funcionario) “varias veces me mencionó que para trabajar tranquilo había que dar una comisión”.

Fiscalía regional

Tal como lo acordó la comisión en la sesión, los antecedentes recabados en ella fueron remitidos al Ministerio Público y no hubo que esperar mucho tiempo para que la Fiscalía tomara medidas. Ello, porque en una reunión sostenida por Bianchi y el diputado Christian Matheson con el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos el 7 de diciembre, el citado fiscal les comunicó que conocidas las denuncias realizadas en la instancia había decidido iniciar una investigación de oficio.

Consultado, el fiscal Campos corroboró a Diario Financiero que atendida la información surgida en la comisión el día 25 de noviembre y que se le hizo llegar al Ministerio Público, se inició una investigación de oficio para determinar la eventual existencia de delitos, quién o quiénes estarían involucrados y determinar también su grado de participación. Para ello, comentó, se está solicitando información adicional tanto a la Contraloría como a la propia Comisión Investigadora, con la finalidad de tener acceso a sesiones anteriores a la del 25 de noviembre. Uno de los delitos que se podría configurar es el de cohecho, denunciado por el contratista Cristian Vásquez, quien se refirió al pago de “comisiones”.